FFAA y PNP piden al presidente Vizcarra blindar ley de Equivalencia

César López

Con el objetivo de que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no pierdan sus pensiones equivalentes a lo que gana un efectivo en actividad, el gremio militar policial Grupo Coraje solicitó al presidente Martín Vizcarra desistir en la demanda de inconstitucional que el Ejecutivo impuso ante el Tribunal Constitucional (TC) a la ley de Equivalencia en enero de este año.

Le pedimos respetuosamente se digne en disponer a quien corresponda el desistimiento de la demanda de inconstitucionalidad (Exp N°00002-2018-Al) presentada ante el Tribunal Constitucional contra la ley N° 30683”, se comunicó.

Asimismo, se suscribió que gracias a ellos (los militares y policías) vivimos en una democracia, plena estabilidad económica-social y qué mejor reconocimiento en vida se les puede dar a estos héroes anónimos manteniendo la ley que restituyó la equivalencia pensionaria y no condenarlos a una vida de mendicidad”.

A esta situación, se suma otra también preocupante. Y es que la ley de equivalencia también podría revertirse por otra causa, vía el Tribunal Constitucional.

Como se sabe, el 10 de diciembre del 2012 el gobierno de Ollanta Humala emitió los decretos 1132 y 1133, por medio de los cuales dispuso el congelamiento de las pensiones de quienes habían pasado al retiro antes de esa fecha, mientras que quienes lo hicieran después iban a tener una pensión equivalente al sueldo de un efectivo en actividad.

Ante esta injusticia, un grupo de militares y policías en retiro presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de ambos decretos. Como siempre ocurre, el trámite en el TC ha sido lento y la demanda aún sigue su proceso. Aunque se prevé un pronunciamiento en los próximos meses.

El problema es el siguiente: si el TC determina que los decretos dictados por Humala el 2012 no son inconstitucionales, echa por tierra lo dispuesto por el Congreso y Ejecutivo recientemente.

En un escenario de ese tipo, la situación se revertiría al estado inicial. Es decir, a la existencia de pensiones diferenciadas, lo que sería injusto con los uniformados, quienes ya vienen cobrando sus nuevas pensiones desde la quincena de febrero.